Ponencia presentada en el 27 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina


Los últimos nueves meses en Perú han estado marcados por el descontento del pueblo trabajador peruano frente al régimen de Dina Boluarte, al cual hemos denominado dictadura cívico-militar, debido no solo a la influencia y actuación de las Fuerzas Armadas dentro de las decisiones políticas tomadas por el régimen, sino por la complicidad de diversos sectores en la Iglesia, las instituciones públicas y la burguesía que a pesar de alguna u otra desavenencia; convergieron como bloque en la contención de las protestas populares contra el régimen de Boluarte, el cual tuvo no solo un fuerte respaldo y participación de las Fuerzas Armadas, sino también el del Congreso de la República, el Poder Judicial y las dos principales facciones de la gran burguesía peruana. Y es que, en la convergencia, aunque sea temporal, entre la burguesía financiera y la burguesía media, cada una representada por ciertas figuras civiles y políticas se observó el ejercicio de la dictadura abierta de sus intereses, los cuales se encuentran alineados principalmente a los intereses de las transnacionales afines al imperialismo norteamericano y a este mismo.

Recapitulamos que el ascenso de Dina Boluarte al gobierno forma parte de un proceso de descomposición y crisis de la democracia burguesa en el Perú. Este proceso que sienta sus bases en la Constitución Política de 1993, toma curso desde el gobierno de Toledo y manifiesta sus primeros quiebres durante el gobierno de Kuczynski como expresión no solo del descontento del pueblo trabajador frente a las políticas antipopulares, la represión ejercida por los gobiernos previos, la corrupción instalada en las instituciones públicas, el enriquecimiento de la gran burguesía, las repercusiones económicas internacionales producto de las disputas imperialistas, la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y el abandono del Estado a los derechos sociales. Sino también, debido a las disputas interburguesas a nivel de Estado, que determinaban la política estatal y fueron las mismas que frente a su descrédito facilitaron el ascenso de Pedro Castillo al gobierno.

El contragolpe realizado a Castillo representó una convergencia necesaria antes de volver a la misma dinámica de disputas por legislaciones, posiciones e influencias dentro de las instituciones públicas para facilitar la expansión de sus intereses mediante proyectos extractivos, libertades económicas y posiciones en las instituciones públicas. Pedro Castillo, debido a su propio carácter de clase, no supo resolver ni las demandas populares ni conciliar con las facciones de la burguesía.

Los principales proyectos extractivos permanecieron obstruidos dada la imagen que representaba para las comunidades nativas y campesinas en el interior del país, quienes se mantenían a la expectativa de resolver sus demandas con el gobierno.

Igualmente, ciertas instituciones públicas como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) permanecían en manos de tecnócratas más afines a la burguesía financiera, es decir, a familias como los Rodríguez-Pastor, los Romero, Brescia o Benavides; facilitando la influencia de sus demandas dentro de la educación universitaria y desplazando, la influencia que lograba tener la burguesía media antes de la Reforma Universitaria, es decir, los Acuña, los Luna, etc. que siguen pujando por mejores posiciones en la escala de poder económico y político.

El gobierno de Castillo, representó no solo un anti voto al fujimorismo, particularmente en el caso de Lima; sino también cierta esperanza para el pueblo trabajador, en especial del interior andino, incluyendo aquí motivaciones étnicas, pero que ya acumulaba demandas vinculadas a la defensa de sus territorios y los recursos naturales, como del medio ambiente, el desarrollo agropecuario, el desarrollo económico y social, etc.

Sin embargo, las vacilaciones del gobierno de Castillo llevaron a un punto de coincidencia, Castillo no resolvía las demandas populares con firmeza pero tampoco desbloqueaba los proyectos y legislaciones de la burguesía. El punto en que el conflicto con el Congreso de la República llega a su tope límite es cuando Castillo empieza a mostrar nuevamente inclinaciones por las demandas populares con el fin de volver a recibir el respaldo necesario para sostenerse, empero, ese respaldo, debido a la carencia de un partido y de un movimiento popular organizado y debidamente clarificado no pudo ser efectivo. Ya gran parte de la pequeña burguesía que había votado por él, y no solo contra el fujimorismo, le había retirado su respaldo. Sin embargo, no confluía con la idea de retirarlo, sino con la de tolerarlo, fiel a su carácter de clase y democratismo. Por otro lado, el papel de la clase obrera, neutralizada en el marco de su sujeción a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y del movimiento estudiantil, debilitado debido a la virtualidad durante la pandemia, tampoco iba a poder enfrentar lo acontecido con la efectividad necesaria.

Situación tal, el contragolpe de Castillo se da tras el discurso de disolución del Congreso, convocatoria a elecciones generales y a la elaboración de una nueva Constitución; siendo detenido por sus propios guardias de seguridad cuadras después de emitido el discurso.

Dina Boluarte ascendió, de este modo, al Poder Ejecutivo jurando en el hemiciclo del Congreso de la República.

La respuesta del movimiento popular no se hizo esperar, en las regiones andinas: Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y demás iniciaron las movilizaciones contra el ascenso de Boluarte, calificándola como usurpadora y elevando las primeras demandas, entre las que aún destacaba la restitución de Pedro Castillo. Mientras tanto, y sin embargo, en Lima la respuesta no fue la misma, sino pasiva; la pequeña burguesía limeña, que ya había retirado su apoyo a Castillo, no esperaba que Dina Boluarte fuera a ser peor y responder tan agresivamente a las protestas.

Las manifestaciones en el interior, se dieron de modo disperso, esto, señalado ya en los debates de balance político con las organizaciones populares, facilitó la represión de las Fuerzas Armadas, avaladas por decreto de Estado de Emergencia.

La respuesta de Dina Boluarte fue tal, que consiguió ganarse el descontento de Lima, que frente a las masacres desatadas en el interior, empezó a solidarizarse ni bien empezaron a llegar las primeras comunidades del interior del país en enero del 2023, luego de una corta tregua durante fiestas de fin de año.

El régimen pretendió aparentar la tradicional disputa con el Congreso de la República, empero, realmente confluían en la defensa de sus posiciones y los intereses de clase de la burguesía. Esto no tardó mucho en visibilizarse. Pues ya con anterioridad, el pueblo venía demandando “que se vayan todos” y frente al escenario represivo empezó a hacerse más fuerte la demanda de la Constituyente.

Un momento clave en la indignación popular fue la represión y humillación que sufrieron las comunidades que se intentaron instalar en el Campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde mediante la Federación Universitaria de San Marcos, se consiguió débilmente permitirles residir durante algunos días, siendo más fuerte la posición reaccionaria de la rectora Jerí.

La solidaridad de la pequeña burguesía y los trabajadores y parte del movimiento estudiantil limeño se hizo sentir en alojamientos y aportes materiales, alimenticios y otros; que complementaron la propia organización de las comunidades y quienes venían por cuenta propia.

Esto, a pesar del acoso a los buses y vehículos donde venían las delegaciones, facilitó la movilización de las regiones en Lima, en la cual no se había encontrado el suficiente respaldo en el aspecto de la lucha callejera. Las delegaciones habían comprendido la importancia de Lima dentro de la lucha política, ya se había elevado el carácter de la lucha. Sin embargo, todavía se carecía de figuras y organizaciones centrales, sumado a la inexperiencia de la lucha en una ciudad como Lima. Esto representó ciertas limitaciones, pero no frenó la contundencia del movimiento. Los sindicatos, los estudiantes y particularmente, los frentes mega distritales activaron las movilizaciones desde los extremos de la ciudad.

La evolución y experiencia que fueron ganando las masas llevaron a la formación de un Comité Nacional de Lucha, resaltando aquí la participación de los universitarios y egresados en la unificación de la Plataforma de Lucha: 1. Renuncia de Dina, 2. Disolución del Congreso, 3. Liberación de todos los presos desde el 7 de diciembre, 4. Sanción para los culpables y reparación a las víctimas de la represión; 5. Constituyente Soberana y Popular.

Así mismo, llevaron a un día central, aunque no previsto. El 28 de enero la represión fue descontrolada y se cobró una víctima, pero el régimen tuvo quiebres y el descontento se generalizó aún más. Las actitudes para disimular legalidad y minimizar las movilizaciones, así como de estigmatización y el discurso democrático fariseo no podían ocultar la violación a los derechos humanos de los detenidos, heridos y dirigentes; quienes eran acosados en los hospitales, comisarías, centros de acopio y alojamiento y actividades propagandísticas. Algunas organizaciones internacionales, aunque no de modo contundente, remarcaron las observaciones sobre el uso de la fuerza, los derechos humanos y la situación de las instituciones. Los encubrimientos y órdenes de represión a mansalva fueron descubiertos. Sin embargo, este mismo día clave para el movimiento popular también fue clave en su repliegue, el nivel de articulación empezaba a visibilizar un desgaste anímico, económico y político. La carencia de organizaciones políticas que puedan ordenar los frentes y comandar acciones sólidas y precisas fue el principal factor que produjo semanas seguidas de movilización de las delegaciones regionales en grupos nutridos pero aislados de la masa total de manifestantes y en un ritmo diferente al de los trabajadores, estudiantes y barrios de Lima. La represión a grupos pequeños facilitaba el desgaste del movimiento y sus recursos, particularmente dada la focalización de las movilizaciones en el Centro de la ciudad, logrando impactos reducidos para el resto de la urbe, no se ejecutó una estrategia descentralizada. Esto obligó un repliegue generalizado con la promesa de recuperación y retorno para fiestas patrias. Pero dejó un avance importante, el convencimiento ideológico del pueblo peruano en torno a la necesidad de una Constituyente Popular y una nueva Constitución, elevándose la aprobación de la demanda de un 30% a un 70%; así como el desenmascaramiento pleno del papel de Dina y los negocios con el Congreso.

Sobre este escenario se produjeron los posteriores debates al interior de los frentes, entre los cuales resaltó la polémica sobre la restitución de Pedro Castillo bajo la figura de “defensa del voto”, la de retornar inmediatamente a la Constitución de 1979 y la de convocatoria a elecciones generales a secas, sin disputar la consigna de un referéndum constituyente. Las diferentes facciones que giraron sobre la indignación y plataforma mínima de diciembre manifestaron fraccionamiento. El Comité Nacional de Lucha fue el principal espacio en fragmentarse y los vínculos con las masas de trabajadores en el campo y en la ciudad se debilitaron más.

Las expectativas para julio eran semejantes a la afluencia desarrollada entre diciembre y febrero, sin embargo, se estimaba que la lucha en calle se diera paralelamente en las regiones con un mínimo de sostenimiento en el tiempo, y al menos, el 19 de julio, que se conmemoraba el paro de mismo día de 1977 que sacudió a la dictadura de Morales Bermudez, fue un día de paralización y movilización masiva en diferentes regiones, y resaltó la afluencia de los trabajadores y pequeñaburguesía limeña, pero no se contó con que para fechas posteriores hacia el 27, 28 y 29 de julio; la pequeña burguesía preferiría cumplir las celebraciones de fiestas y se visibilizara el desgaste del vínculo con las masas en el interior.

Las condiciones políticas que atraviesa el país y el nivel de consciencia del movimiento popular se han elevado, ya no existe la misma sensación de esperanza de cara a la “democracia” peruana y sus instituciones, el mismo desgaste de los partidos de izquierda también ha demostrado el nivel de descomposición que comparte junto a los partidos de la derecha, ninguno de los otrora candidatos de izquierda como Verónika Mendoza y otros han sido consecuentes ni capaces de centralizar en su imagen el descontento, han huído de la radicalización en el interior y en la capital, una expresión de su inconsistencia orgánica, pobreza y desviaciones ideológicas, vicios conductuales y desvinculación con las organizaciones populares y los trabajadores de a pie; elementos que también salpicaron la coyuntura reciente y deben ir siendo superados.

Estas condiciones que persistirán y se acentuarán en lo que dure el régimen Boluarte facilitan y demuestran la necesidad de una organización política, cuadros, dirigentes y frentes que puedan recoger, clarificar y fortalecer los lazos con las organizaciones populares y los trabajadores. Se desprende que hay amplios sectores que siguen buscando una orientación centralizada y personificada, y no debemos confundir aquí esto con caudillismo.

Por otro lado, el régimen no ha podido aún desbloquear diferentes proyectos extractivos en el interior andino, esto es un problema para la burguesía financiera, y aun cuando persista su tolerancia a los movimientos de la burguesía media tratando de orientar otras instituciones a su favor, realmente esa tregua, dentro de un gobierno y Congreso de los que brotan los escándalos de corrupción, como factores que han detonado ya antes diferentes movilizaciones populares, y a los que se le suman niveles elevados de desaprobación: 71% contra Dina y 88% contra el Congreso, implican condiciones en las que la burguesía y el régimen podrían bajar la guardia o entrar nuevamente en crisis. Favorecen por tanto, la maduración del movimiento popular, aun cuando depende más de los acontecimientos en las alturas, antes que de su propia iniciativa.

Estas han sido jornadas históricas que aún no terminan y que se encuentran en un desarrollo que va a la par de las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestra época, enmarcadas también dentro de la política internacional, pues sabemos que el Perú es también parte en las disputas imperialistas entre el bloque norteamericano-europeo frente al bloque chino-ruso y el talante que tome la burguesía y sus representantes en el país, fortalece la influencia y posibilidades de uno u otro frente imperialista.

Para finalizar, rescatamos la importancia de las demandas populares comprendiéndolas dentro de las condiciones y contexto actuales. La salida de Dina Boluarte del gobierno representaría una oportunidad para el movimiento popular y su fortalecimiento en el marco de la lucha de clases, pero entendiendo las limitaciones de los trabajadores en el campo de la lucha electoral como carecer de figuras y organizaciones que puedan representar una posibilidad alternativa a las rotaciones entre representantes de la burguesía, sea financiera o media, desde los partidos de izquierda o derecha con inscripción electoral. Esta situación encerraría nuevamente al voto popular entre partidos de izquierda descompuestos y la persistencia del fujimorismo y aliados de recuperar posiciones en el Estado, y con un perfil represivo, dado el desarrollo del movimiento popular.

Asimismo, la lucha por sanción y reparación en torno a la represión representa si una lucha de mediano aliento, debido a las resistencias que existirán para omitir o desfigurar los hechos, aún con el peso de investigaciones periodísticas, testimonios de policías y militares, y observaciones internacionales.

También la lucha por la liberación de los detenidos desde el 7 de diciembre representa un plano legal donde incluso, se incluye a Castillo, pero dentro de diversos sectores populares la imagen de este ya está desgastada y se aceptó el contragolpe como un hecho sin retorno, no se prestan condiciones que lo retornen a una situación de presidencia ni de caudillo populista, más que como un bache dentro de la unidad programática del movimiento.

Y la Constituyente, entendemos que en estas circunstancias, ni la salida de Dina ni la disolución del Congreso, ni nuevas elecciones con referéndum implican un cambio profundo para el pueblo trabajador, sin embargo, si forman parte del desarrollo histórico, implican oportunidades y cumplen un rol educativo en las masas populares. Y ese es el sentido de la Constituyente, que mientras para las facciones socialdemócratas representa un fin, para la clase obrera y el pueblo debe representar un medio y una herramienta en la lucha de clases, una que le permite mejores posibilidades en la defensa de sus intereses y ahí su sentido reivindicativo, como parte de la lucha de clases.