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Ya es conocido que desde inicio de los 90, con la imposición
del neo liberalismo, se introdujo el lucro en el sector educativo, entre otros
sectores. Nuestra burguesía o empresariado parasitario al hacer evidente su
incapacidad por industrializar el país, se enfocó en abrir al capital privado
sectores del Estado que se usaban para brindar derechos: salud, educación,
pensiones, entre otros. De todos estos sectores el más lucrativo resultó ser el
sector educación. El Mito del Progreso (1), tan popularizado por antropólogos
como Carlos Iván Degrégori, se propuso como la nueva esperanza que la población
peruana acogía para ascender socialmente, pues para dejar atrás la pobreza
tenía como principal vehículo a la Educación. Supuestamente por medio de este
vehículo las clases populares podían aspirar a ser clase media, y la clase
media a clase dominante.
Si desde mediados del siglo XX la población estudiantil se
incrementó significativamente, en las dos últimas décadas de ese siglo el
crecimiento fue exponencial. La primavera capitalista de los 90 (con dictadura
incluida en nuestro caso) reforzó la idea del progreso individual que demandó
de más cobertura educativa en la forma que sea. De ahí que la apertura a la
iniciativa lucrativa-privada en el sector educación se hiciera pasar más como
una necesidad que como un interés. La Constitución de 1993 (2) es lo que da
piso a ello, pero requirió de normas específicas que permitieran usufructuar
mejor las creencias del reciente mito. El terreno del sector público se empezó
a allanar con el Decreto 739 de 1991, por el cual el Estado se desprende de su
responsabilidad de incrementar presupuesto a la educación universitaria pública
mediante la creación de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) y que para
goce de las autoridades de la universidad serían difíciles de fiscalizar (botín
de las mafias docentes). De ahí que el costo de Cepres, exámenes de admisión,
títulos y constancias (el sentido lucrativo en la universidad pública) se
elevarían inversamente proporcional a las ganas de exigir más recursos
ordinarios al Estado. Las barreras económicas para ingresar o egresar si antes
las ponían las condiciones estructurales de la sociedad, ahora las ponía directamente
la misma universidad.
Para el sector educativo privado fue dado el Decreto 882 de
1996 que permitió la creación de instituciones educativas privadas con fines
lucrativos (societarias). La desidia de extender la educación universitaria
pública (salvo sus crepres) contribuyó a que el vacío sea ocupado por los
futuros empresarios de la educación. Una nueva oferta educativa privada emergió
aprovechando la ya enorme demanda. El precio se iba determinando acorde al
bolsillo de quien podía pagar. De esa forma el emprendedor que resulta de esa
época no es un producto de la formación de esa educación, sino un usufructuario
de las ganancias que esta le daba. El Mito lejos de ser un medio se volvió un
fin sí mismo.
Esta etapa de apertura que incluye a la primera década del
siglo XXI se puede considerar como la de creación de un mercado educativo aún
desconcentrado. Y las consecuencias
fueron la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalista en
cada aspecto de la educación: los sectores de la burguesía incrementaron sus
ganancias, consolidándose uno y emergiendo otro; el docente-intelectual de
universidad se convirtió en un asalariado más que vendía su fuerza de trabajo
donde mejor le pagasen; y el estudiante, en un receptor y reproductor de la
filosofía liberal-pragmática que revestida como Mito del Progreso le reforzara
la idea de ser en el futuro cuanto menos un mediano empresario, un pequeño
patrón, un pequeño burgués. Y, de hecho, posiblemente en ningún momento de
nuestra historia republicana hayamos tenido tanto porcentaje de la población
peruana que se haya asumido como Clase Media (3).
La promulgación de la Ley Universitaria 30220 en el 2014
corresponde a otra etapa. Una en que determinados sectores de la burguesía,
principalmente la financiera o ligado a esta, ya han consolidado su poder y
aspiran a concentrar el mercado educativo desplazando a la competencia. La Ley,
salvo la derogación de algunos artículos del Decreto 882, lo asimila en su
esencia, como asimila también al Decreto 739 de los RDR (4). No pretende
eliminar la corrupción de la Universidad Pública, sino alternar nuevas mafias
que sean funcionales al gobierno de turno. No se crea para combatir el lucro,
sino para reglamentarlo en favor de determinados sectores empresariales, su
instrumento, la Sunedu (el Poder ejecutivo). Las ganancias, los 200 mil
estudiantes de esas universidades no licenciadas que aumentaron la demanda de
sus instituciones educativas privadas. El pretexto, un nuevo mito que se le
agregó al anterior, la Calidad. Por eso esta etapa corresponde a una
concentración del mercado educativo donde el capital oligopólico se busca
imponer.
Es así que las disputas por terminar de consolidar el
capital oligopólico en la educación universitaria ocasionan periódicamente
sucesivas crisis políticas entre los dos sectores de la burguesía que desean
más tajada en el mercado educativo. El
Mito rinde demasiadas ganancias como para dejar que solo algunos lo acaparen. Y
las ofensivas de la burguesía media por recuperar tales ganancias han sido de
tal magnitud que desde el 2016 han ocasionado caída de ministros (Jaime
Saavedra), gabinetes enteros (el de Fernando Zavala) y hasta la caída del mismo
Presidente de la República (Martín Vizcarra); pues cuentan con sus
representantes políticos manejando el poder legislativo. Y si esa última
batalla del 2020 no pudo revertir la victoria que la burguesía financiera
obtuvo en el 2014, esperan que la de este año sí lo haga. Ahora el ejecutivo si
bien sigue contando con los tecnócratas de la burguesía financiera en la
Sunedu, se muestra permisivo con que la burguesía media obtenga parte de su
manejo. Sin embargo, el desenlace de esta batalla no asegura en lo más mínimo
el fin de la guerra por el manejo de la educación. Los rectores no es que
busquen hacer lo que quieran con los RDR para estar tranquilos, ya lo hacen, la
disputa es qué sector docente los maneja; y en las universidades privadas, la
naturaleza misma del capitalismo ocasionará una nueva concentración así haya
ahora una desconcentración temporal, por lo que va resultar inevitable que se
realice un nuevo desplazamiento de alguna parte de la oferta.
Lastimosamente, en esta batalla los estudiantes se
encuentran casi excluidos, peor que cuando se les impuso la Ley Universitaria
30220 que solo contó con el aval traidor de la dirigencia de la FEP y la
FEPUCP. Ahora, solo algunos gremios estudiantiles como los de San Marcos
(FUSM), Villarreal (COODE), Cesar Vallejo (FEUCV) y entre otros de provincia,
han apuntado a atacar la matriz del problema que es la introducción de lucro en
la educación universitaria, el irrisorio aumento del presupuesto a la educación
pública que le sirve de palanca al primero, y a proponer que si hay un órgano
rector de la universidad peruana este debe ser verdaderamente autónomo y contar
con la participación paritaria de los tres estamento de la universidad
(estudiantes, trabajadores y docentes) en su dirección, tal y como debiera
replicarse en cualquier instancia del gobierno de esta. Los demás gremios se
encuentran en el letargo o en el seguidismo de defender “la calidad” de una
falsa reforma universitaria que no les traído ningún avance, ni siquiera en lo
presupuestario.
Ante ello es necesario que los estudiantes rompan con los
mitos que les ha creado la burguesía. Que se deshagan del Mito del Progreso
como del de la Calidad oponiéndole una teoría científica que apunte a la raíz del
problema. Las recientes crisis del sistema han removido los mitos de la clase
dominante pero no lo suficiente como para generar una crisis de su hegemonía
cultural. Por eso los estudiantes no deben remplazar los viejos mitos con otros
nuevos, sino con la explicación científico-materialista de sus problemas y la
enseñanza didáctica de esta a los trabajadores (5). Que, en el campo educativo,
se traduce apuntalando a la necesidad de eliminar el sentido lucrativo que los
sectores de la burguesía le han dado, si se apuntara a eliminar este verán que
no habrá mucho de lo que quieran disputarse.
Notas:
1. El fin de guerra fría con la caída de las democracias
populares, la desarticulación de las organizaciones sociales (sindicatos,
federaciones) y el pase de una sociedad semifeudal a una de capitalismo
atrasado en el Perú conllevaron a la imposición de nuevos idealismos
provenientes de la clase dominante. Uno de ellos fue el Mito del Progreso como
forma de progreso individual a través y por la educación.
2. A comparación de la Constitución de 1979 que solo
permitía la educación privada sin fines de lucro (art. 30°), la Constitución de
1993 quitó esta restricción para que la educación privada pueda también tener
este sentido (arts. 17° y 18°). Además, la segunda relativiza la gratuidad de
la educación universitaria según el rendimiento y nivel socio-económico del
alumno (art. 17).
3. Según el Instituto
de Economía y Desarrollo Empresaria de la Cámara de Comercio (Iedep) la clase
media en el Perú llegaba a ser el 43% para el 2019, sin embargo, también señala
que tras la pandemia esta se redujo casi a la mitad (24%).
4. En el artículo 110°, incisos 2´ y 7´, de la Ley
Universitaria 30220 se mantienen la figura de los recursos directamente
recaudados (RDR).
5. Si bien compartimos las tesis marxista-leninistas de José
Carlos Mariátegui, consideramos que la Teoría del Mito como instrumento que
moviliza a las masas es una importación que Mariátegui realiza del idealismo de
Georges Sorel. Es cierto que a lo largo de la historia las clases dominantes
han creado innumerables mitos para hacer simple la explicación de sus teorías
idealistas a las clases dominadas; pero el marxismo-leninismo y el socialismo
científico no pueden esperar ser acogidos por los trabajadores en la forma
idealista de un Mito, sino por la enseñanza didáctica de ser una necesidad
histórico-social a sus problemas materiales.
